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El Poder Judicial concedió la apelación presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra la inhabilitación de 10 años del ejercicio de la función pública que le impuso el Congreso en diciembre de 2025. Con esta decisión, el caso sube a una instancia superior, abriendo la posibilidad de que la sanción parlamentaria sea revocada definitivamente.
El 3 de diciembre de 2025, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa N.° 008-2025-2026-CR con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. La sanción fue respaldada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.
El Parlamento acusó a Espinoza de no haber aplicado correctamente la Ley 32130 — que reforzaba la intervención de la Policía Nacional en investigaciones preliminares — y de presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Tras la sanción, Espinoza presentó una demanda de amparo ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando tres cosas: la nulidad de la inhabilitación, la anulación de la causa penal en su contra y su restitución como fiscal suprema titular.
En mayo de 2026, dos de los tres jueces votaron a favor de declarar inaplicable la inhabilitación. Al no haber unanimidad, se convocó a un juez dirimente. Este concedió la apelación, elevando el caso a una instancia superior.
«Son una dama y dos caballeros. Estos últimos han declarado fundada la apelación», declaró Espinoza al conocer el resultado.
Una instancia superior del Poder Judicial tendrá la última palabra sobre la validez de la sanción impuesta por el Congreso. De revocarse la inhabilitación, Espinoza — actual decana del Colegio de Abogados de Lima — podría recuperar su condición de fiscal suprema titular.
Sin embargo, enfrenta un obstáculo adicional: la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también le impuso una inhabilitación separada, lo que complicaría su restitución inmediata incluso si el Poder Judicial falla a su favor.