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El pronunciamiento de la ONU
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. El pronunciamiento fue difundido el 18 de junio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El mensaje fue directo: este tipo de casos debe seguir siendo competencia de tribunales ordinarios. La entidad señaló textualmente que las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional.
Qué establece el proyecto de ley
La iniciativa, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi y con la firma de Karol Paredes, de Avanza País, modifica el Código Penal Militar Policial. Su disposición central establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial.
En la práctica, esto significa que si ya existe un proceso abierto en el fuero militar-policial, no podrá abrirse un procedimiento paralelo en el sistema de justicia común. El proyecto también plantea mecanismos para resolver los conflictos de competencia entre ambos fueros, otorgando una posición preferente a la jurisdicción militar-policial en determinados escenarios.
Una primera votación con respaldo dividido
El Congreso de la República aprobó la iniciativa en primera votación el pasado 12 de junio, con 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El proyecto recibió el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en oposición provinieron principalmente de bancadas de izquierda. Durante el debate, el congresista Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú, planteó una cuestión previa para que el texto regresara a la Comisión de Justicia, pero la moción fue denegada.
Los argumentos a favor de la norma
Quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados directamente al servicio, y que la norma busca evitar que policías y militares enfrenten una doble persecución judicial por los mismos hechos al actuar en el ejercicio de sus funciones.
Las objeciones de organismos de derechos humanos
En contraste, organizaciones de derechos humanos y legisladores de izquierda han alertado sobre los riesgos que la norma representaría para la rendición de cuentas en casos que involucren a las fuerzas del orden. La preocupación central es que, al otorgar una posición preferente al fuero militar-policial en la resolución de conflictos de competencia, se reduciría el control que ejerce la justicia ordinaria sobre estos casos, afectando la transparencia y el acceso a la justicia de las víctimas.
Qué sigue en el Congreso
La advertencia de la ONU llega en un momento clave del trámite legislativo: el Congreso todavía debe someter la iniciativa a una segunda votación para definir su destino final, y mantiene abierta esa posibilidad hasta el 24 de junio, fecha límite para este trámite legislativo en la actual sesión.
Si el proyecto es aprobado también en segunda votación, pasará al Poder Ejecutivo para su eventual observación. Si el Ejecutivo no formula observaciones dentro del plazo correspondiente, la norma quedará promulgada oficialmente y entrará en vigencia como ley de la República.
Un debate con antecedentes
No es la primera vez que un organismo internacional de derechos humanos expresa preocupación por iniciativas legislativas peruanas relacionadas con el fuero militar-policial. La ONU ha planteado advertencias similares en otros momentos sobre normativas que, a su criterio, podrían debilitar los mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas del orden frente a la justicia ordinaria.
El desenlace de esta segunda votación será determinante: definirá si el Perú amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial pese a la advertencia internacional, o si el Congreso opta por mantener estos casos bajo la justicia ordinaria, como recomienda Naciones Unidas.