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La Fiscalía separó a seis policías de la comisaría de Manchay tras la muerte de un adolescente de 17 años bajo custodia, mientras investiga un presunto pedido de coima a la familia del menor.
Un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales E.J.C.B., murió la noche del 14 de junio dentro de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, luego de permanecer casi dos días bajo custodia policial. Según la versión oficial de la PNP, el menor fue hallado a las 10:14 de la noche suspendido de un punto de apoyo dentro de la carceleta. Fue trasladado de inmediato a un centro de salud cercano, pero el personal médico solo pudo certificar su deceso.
El joven había sido intervenido la madrugada del 13 de junio por personal de Serenazgo de Pachacámac, luego de que dos personas lo acusaran de haber ingresado a viviendas ajenas para apoderarse de bienes. Permaneció detenido por un presunto delito de hurto agravado. La familia, sin embargo, rechaza esa versión y sostiene que la denuncia se originó tras un conflicto previo con la madre de la menor de edad involucrada.
La necropsia practicada al cuerpo determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica compatible con ahorcamiento. La versión policial sostiene que el adolescente se habría quitado la vida utilizando un hilo extraído de la capucha de su ropa.
El padre del menor, Javier Cubas, ha rechazado públicamente esta explicación y señala que existen inconsistencias en la hipótesis manejada por la Policía. La familia insiste en que el joven no debió permanecer en las condiciones en las que fue hallado y exige que se revisen los protocolos de custodia que deberían aplicarse a un menor de edad.
De acuerdo con el relato familiar, el adolescente fue trasladado primero a una unidad de la Dirincri en Musa, La Molina, pero los agentes de esa dependencia no aceptaron el procedimiento por tratarse de un menor de edad. Fue entonces devuelto a la comisaría de Manchay, y es justamente en ese retorno donde la familia ubica el origen de las presuntas vulneraciones que terminaron en la tragedia.
Los padres denuncian que, durante el tiempo que el joven permaneció detenido, se habrían registrado golpes y maltratos, además de irregularidades evidentes en el procedimiento de custodia.
Paralelamente a la investigación por la muerte del menor, el padre del adolescente denunció que efectivos policiales le habrían solicitado dinero a cambio de agilizar la liberación de su hijo mientras este aún se encontraba con vida en la dependencia. Según su testimonio, uno de los agentes le pidió hasta 2,000 soles, mientras que otro le habría solicitado la compra de un pollo a la brasa.
A raíz de esta denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur abrió diligencias preliminares por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio de la familia del fallecido, paralelas a la investigación por la muerte del menor.
Como parte de las primeras medidas, fueron separados seis efectivos vinculados al caso: tres oficiales —incluido el comisario de Manchay— y tres suboficiales. La decisión busca evitar que los agentes interfieran en las investigaciones en curso mientras se esclarecen los hechos.
El titular del Ministerio del Interior, José Zapata Morante, se reunió con los padres del menor para expresar su compromiso con una investigación «objetiva y transparente», y aseguró que todas las diligencias respetarán el debido proceso. La Inspectoría General de la PNP, por su parte, abrió una investigación administrativa disciplinaria independiente para evaluar la actuación de los efectivos involucrados.
De manera independiente al proceso por corrupción, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio. Entre las diligencias dispuestas se incluyen el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones a los familiares y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de hechos desde la detención del adolescente hasta el hallazgo de su cuerpo.
Especialistas en derecho penal han señalado que la separación inmediata de los policías es una medida necesaria en este tipo de casos, y que el comisario de la dependencia podría asumir responsabilidad penal si se demuestra que tenía conocimiento de conductas similares previas dentro de la comisaría.
La muerte del adolescente se suma a una serie de escándalos recientes que han golpeado la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú, entre ellos casos de corrupción interna y vínculos de oficiales con organizaciones criminales. Voces del ámbito político han pedido explicaciones públicas por parte del más alto mando policial y han planteado la necesidad de una reforma orientada a fortalecer los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas dentro de la institución.
Mientras tanto, la familia del menor continúa exigiendo justicia y una explicación clara sobre lo ocurrido durante las casi 48 horas que su hijo permaneció bajo custodia policial, antes de ser encontrado sin vida en una de las celdas de la comisaría.